Un único estado en Palestina: igualdad, democracia y justicia

Omar Barguti se pregunta si Donald Trump, en su reciente ruptura con la larga trayectoria de apoyo a la solución de dos estados por parte de EEUU, ha reabierto involuntariamente el debate sobre la plausibilidad e incluso la necesidad de un único estado democrático en la Palestina histórica.

Justin McIntosh, vía Wikicommons

OMAR BARGUTI

En una reciente conferencia de prensa con Netanyahu, Trump evocó casualmente la formulación de un único estado como una opción seria para poner fin al conflicto palestino-israelí. Su invitado apenas pudo contener su alegría.

Después de todo, dada la descarada tendencia de Trump de apoyo al régimen ultraderechista de Israel, la interpretación más razonable de su posición es que EEUU aprobaría explícitamente el proyecto israelí de consolidar un único estado, un Gran Israel que enterraría la cuestión palestina para siempre.

Mucho antes de que Trump entrara en escena, los gobiernos israelíes han estado aplicando de forma consistente una “estrategia de apropiación de tierras y apartheid”, creando la realidad de nuestros días, por la que Israel controla la totalidad del territorio de la Palestina histórica mientras niega a la población palestina indígena iguales derechos ante la ley y de participación política.

Ahora, una vez finiquitada formalmente la difunta solución de dos estados, la delgada y desgastada máscara de la democracia se desgarra.

Negando incluso los derechos teóricos del pueblo palestino y en flagrante violación del derecho internacional, Israel está colonizando a toda velocidad lo que queda de las tierras cisjordanas en manos de los palestinos, acelerando su gradual limpieza étnica de comunidades enteras, sobre todo en Jerusalén y en el desierto del Naqab (Neguev).

A su debido tiempo, esto no solo revelará la naturaleza del régimen israelí contra los palestinos, como uno que combina ocupación, colonización y apartheid, sino que, de forma inadvertida, puede desencadenar consecuencias catastróficas.

Liberada de la ilusión de un acuerdo basado en dos estados, la mayoría de los palestinos buscará la solución más justa, ética y sostenible: la descolonización.

No hay que entender la descolonización como una eliminación radical y absoluta de la colonización, que nos devuelva a los tiempos precoloniales y elimine todos los derechos adquiridos hasta la fecha. Al contrario, debe considerarse como una eliminación de todos los aspectos de la colonización que niegan los derechos de la población colonizada.

Un estado único, laico y democrático en la Palestina histórica (con las fronteras del Mandato Británico) es la solución más justa y moralmente coherente de este conflicto secular.

Ofrece la esperanza de reconciliar lo aparentemente irreconciliable: los derechos inalienables del pueblo palestino indígena, en especial el derecho de autodeterminación, y los derechos adquiridos de los colonos a vivir en paz y seguridad.

Inspirada en parte por la Carta Sudafricana de la Libertad y el Acuerdo de Belfast, la mucho más modesta Declaración por un único estado, apoyada por un grupo de activistas y académicos palestinos, israelíes e internacionales, afirma que “la tierra histórica de Palestina pertenece a todas las personas que viven en ella y a quienes fueron expulsadas o exiliadas desde 1948, independientemente de su religión, origen étnico, nacional o ciudadanía actual”.

El sistema de gobierno que se propone está basado en “el principio de iguales derechos civiles, políticos, sociales y culturales para todos/as los/as ciudadanos/as”.

Israel y los sionistas de todo el mundo rechazan este llamamiento a la igualdad como una “amenaza existencial”, porque socava el sistema de racismo institucionalizado que privilegia por ley a los ciudadanos judíos y constituye el fundamento del régimen de Israel.

Mientras que la sustitución de un sistema similar de apartheid por un régimen de democracia e iguales derechos en Sudáfrica fue celebrado por todo el mundo como un triunfo de la justicia, la mera sugerencia de igualdad y democracia en el caso israelí es a menudo descartada por negar el supuesto “derecho” de Israel a mantener su supremacía étnico-religiosa, es decir, su “derecho a ser un estado judío”.

Existe una gran diversidad de opiniones entre las comunidades judías dispersas por el mundo sobre el concepto de “pueblo judío”, pero la cuestión es si el “pueblo judío” tiene derecho a mantener un “estado judío” en la Palestina del Mandato Británico a expensas de la población indígena.

Joseph Levine, de la Universidad de Massachusetts, ha abordado este sensible tema argumentando que la misma idea de un estado judío es “inherentemente antidemocrática”, “moralmente problemática” y una “violación del derecho de autodeterminación de sus ciudadanos no judíos”.

Al margen de la forma que adopte, un estado judío en Palestina es, por definición, excluyente. Contraviene necesariamente los derechos inherentes de la población indígena del territorio y perpetúa un sistema de discriminación racial que debe ser condenado.

La “infame alianza” de Israel con la extrema derecha europea, así como el hecho de que los supremacistas blancos partidarios de Trump citen los fundamentos excluyentes de Israel para defender su propia xenofobia y nacionalismo (“una especie de sionismo blanco”) son fenómenos que dejan al descubierto la frecuentemente oscurecida contradicción entre sionismo y liberalismo: el hecho de que el sionismo es fundamentalmente antiliberal.

Estas y otras dinámicas hacen que la búsqueda palestina de justicia en un único estado democrático —la búsqueda de iguales derechos— sea cada vez más comprensible y atractiva.

Después de todo, aceptar a los judíos israelíes (tras un proceso de descolonización ética) como ciudadanos con iguales derechos y socios en la construcción y desarrollo de una nueva sociedad compartida es la oferta racional más magnánima que cualquier pueblo indígena oprimido puede proponer a sus opresores.

Solo mediante la eliminación de sus privilegios coloniales, el desmantelamiento de las estructuras de opresión y la aceptación de la restauración de los derechos del pueblo indígena del territorio (incluyendo el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y a recibir reparaciones, así como el derecho de todos los palestinos a una igualdad plena), pueden los colonos ser indigenizados y, en esa medida, obtener el derecho a participar en la construcción de un futuro estado compartido.

Por otra parte, la población indígena debe estar dispuesta, una vez que se haya alcanzado la justicia y se hayan restablecido sus derechos, a perdonar y a aceptar a los actuales colonos como conciudadanos con iguales derechos, sin amos ni esclavos.

En esa futura sociedad, las particularidades culturales y las diversas identidades deben ser desarrolladas por la sociedad y protegidas por la ley.

Palestina fue durante siglos un fecundo lugar de encuentro de diversas civilizaciones y culturas, una tierra que fomentó la comunicación, el diálogo y la integración cultural. Esta herencia, casi olvidada bajo la hegemonía del régimen colonial sionista, debe ser recuperada y celebrada.

Al subrayar la igualdad humana como su principio más fundamental, la concepción de un estado unitario, laico y democrático promete acabar con las injusticias que han azotado a Palestina durante tanto tiempo y que han hecho casi imposible hasta ahora imaginar una convivencia ética.

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Omar Barguti es un activista palestino por los derechos humanos e investigador independiente. Ha defendido durante más de tres décadas una solución de un único estado laico y democrático. Este artículo refleja su análisis personal y no representa las opiniones del movimiento BDS.

Fuente: One-state in Palestine: equality, democracy and justice, Red Pepper, 6/03/2017

Traducción: Javier Villate (@bouleusis)